Olvidados en la cárcel sin abogado: Así le falla un pueblo de Texas a los acusados pobres

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Jolie McCullough reportó para la Beca de Investigaciones Locales del Times, que ayuda a atender el declive del periodismo local, desde Eagle Pass, Texas, una comunidad con escasez de reporteros.

EAGLE PASS — Fernando Padron estaba atrapado en la celda de una cárcel al sur de Texas. Acusado de robar tarjetas de crédito que utilizó para comprar pañales, una bicicleta y otros bienes para su familia, no había comparecido ante el tribunal ni había hablado con un abogado.

No supo nada de su caso durante nueve meses. Al final, en marzo de 2023, los fiscales le acusaron de un delito menor y quedó en libertad. Pero su calvario solo había empezado.

Durante los dos años siguientes, sería detenido en repetidas oportunidades en relación con el robo. En un tribunal lo presionaron para llegar a un acuerdo de culpabilidad aparentemente improcedente, y luego volvieron a acusarlo en otro. En un momento dado, estuvo seis meses en la cárcel antes de que los funcionarios implicados se dieran cuenta de que estaba allí.

Padron, de 27 años, es un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, y su delito fue lo suficientemente leve como para que en otras comunidades del estado no hubiera sido encarcelado. Pero estaba en el disfuncional sistema judicial del condado de Maverick, donde a menudo no se aplican los principios básicos de la justicia estadounidense.

Aquí los funcionarios reconocen abiertamente que a los acusados de delitos menores que son pobres rara vez se les proporcionan abogados. Y, de manera regular, la gente pasa meses entre rejas sin que se presenten cargos en su contra, mucho más tiempo del que permite la ley estatal. Solo el año pasado, al menos 12 personas estuvieron en la cárcel demasiado tiempo sin cargos tras ser detenidas por delitos menores no violentos, según muestran entrevistas y registros revisados por The New York Times.

Algunos de los acusados parecen haber sido olvidados en la cárcel. Dos hombres fueron puestos en libertad después de que el Times preguntara por ellos, medio año después de haber cumplido sus condenas.

“El condado no está al nivel que debería desde hace años”, admitió el juez del condado de Maverick, Ramsey English Cantú, quien supervisa el tribunal de delitos menores. Dijo que había intentado “renovar” y “reconstruir” el sistema judicial local desde que fue elegido en 2022.

“Ha sido un reto para mí”, añadió. “Pero, al fin y al cabo, es injusto”.

Según la Constitución estadounidense, las personas que se enfrentan a penas de cárcel tienen derecho a un abogado — pagado por el gobierno si no pueden costearse el suyo propio — y a un proceso judicial justo y eficiente. Pero estas protecciones son débiles, especialmente en las zonas rurales de Estados Unidos, según han demostrado algunos estudios. En Texas, uno de los estados que menos gastan en la defensa de personas de escasos recursos, el Times encontró ejemplos recientes de personas retenidas más allá de los plazos sin cargos ni abogados en seis condados rurales.

Destacó el condado de Maverick. Se encuentra en una de las regiones más pobres del estado, y muchos acusados no pueden pagar un abogado; algunos pasan meses en la cárcel porque no pueden pagar a un fiador 500 dólares o menos. Sin embargo, en las dos últimas décadas, los auditores estatales han observado repetidamente que el condado no proporcionaba adecuadamente un abogado a las personas que no pueden pagarlo. En 2023, cuando más de 240 acusados de delitos menores solicitaron representación, el juez del condado solo nombró abogado en un puñado de casos, según muestran los registros. No obstante, el estado no ha impuesto consecuencias.

Sin nadie que les oriente, los acusados entran en un sistema de justicia desarticulado en el que puede ser muy difícil averiguar por qué alguien está en la cárcel, si es que hay alguna razón. En los expedientes de delitos menores casi siempre faltan documentos clave. Los expedientes de delitos graves no suelen abrirse hasta más de un año después de la detención del acusado. En ocasiones, la cárcel dijo que no tenía constancia de personas a pesar de que las que había retenido recientemente durante meses.

En respuesta al trabajo periodístico del Times, abogados defensores y estudiosos del derecho constitucional calificaron las prácticas del condado de “atroces”, “kafkianas” y “nada propias de un sistema penal”.

“La falta de transparencia y de defensores públicos en esta jurisdicción ha permitido que persista este sistema completamente inepto”, dijo Rachel Kincaid, profesora asociada de Derecho en la Universidad Baylor de Waco y exfiscala federal. “No se les presiona para que hagan algo diferente”.

En entrevistas realizadas en la cárcel, algunos acusados dijeron que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en sus casos.

“No me han dicho nada”, dijo Juan Sanchez, de 21 años, en mayo, temblando en un taburete de la cárcel, sin camisa ni pantalones, con un chaleco de prevención de suicidios que le llegaba hasta las rodillas. En noviembre de 2023 se había declarado culpable de allanamiento en el centro comercial local a cambio de su puesta en libertad, pero no lo dejaron salir hasta junio, poco después de que el Times le preguntara a los funcionarios por qué seguía allí.

“En realidad aquí no te dan información”, dijo David Burckhardt, de 36 años, que llevaba cinco meses encarcelado sin cargos tras ser detenido en agosto de 2023 acusado de destrozar el carro de su vecino. “Solo tienes que cumplir tu condena”.

Pero lo que le ocurrió a Padron es lo que mejor ilustra las repercusiones de los descuidos del condado. Cuando se les contaron los detalles de su caso, cuatro veteranos abogados defensores de Texas dijeron que en otros condados lo más probable es que habrían conseguido una condena de 30 días o menos, con alguna posibilidad de que no fuera a la cárcel.

Padron lleva ya 20 meses en la cárcel, y se ha perdido los dos primeros cumpleaños de su hijo. Su caso sigue sin resolverse.

“Salí y estaba haciendo las cosas bien”, dijo en la cárcel tras su tercera detención relacionada con aquel robo. “Y luego, de repente, tienes orden de arresto y dejo sola a mi mujer y a mi hijo”.

El estado libre de Maverick

Aproximadamente la mitad de los residentes del condado de Maverick viven en la ciudad de Eagle Pass, que está en la frontera con México, a unos 240 kilómetros al suroeste de San Antonio. La lengua materna de la mayoría de los residentes es el español, y quienes viven en la vecina ciudad mexicana de Piedras Negras a menudo cruzan para trabajar, ir de compras o visitar a sus parientes.

El condado tiene un historial de escándalos, incluida una investigación federal sobre sobornos y amaño de contratos que hace una década envió a prisión a cuatro de los cinco comisionados. Un veterano agente de policía dijo que, en broma, los lugareños lo llaman “el Estado Libre de Maverick” porque los funcionarios tienden a hacer lo que quieren y a ocuparse después de las consecuencias.

La región también está a la vanguardia de la represión de la inmigración en Estados Unidos. Desde 2021, agentes de policía de Texas han detenido a miles de migrantes en el condado de Maverick por allanamiento, en un esfuerzo por disuadir de cruzar e impulsar las deportaciones. Tras las impugnaciones legales, el estado creó un sistema penal especial para agilizar el proceso, acusando rápidamente a los migrantes y asignándoles abogados.

El sistema de justicia para los residentes locales muestra mucha menos urgencia. El año pasado se ocupó de unos 350 casos, la inmensa mayoría eran delitos menores o delitos graves de posesión de drogas. Para cargos tan simples como resistencia a la autoridad o allanamiento de morada, a menudo la policía y el departamento del sheriff tardan semanas o meses en informar de una detención a los fiscales, quienes a su vez tardan meses en decidir si van a juicio. Durante este tiempo, a los fiscales no se les dice, y normalmente no comprueban, si un acusado está en la cárcel.

Ninguno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley respondió a las preguntas sobre los retrasos. Jaime Iracheta, abogado del condado, dijo que los delitos menores en el condado de Maverick pasan por varios niveles de investigación. Algunas otras jurisdicciones presentan esos cargos en cuestión de días, si no de horas.

Aunque quienes dirigen el sistema judicial son todos demócratas — una reliquia de la fuerza histórica del partido entre los votantes hispanos —, están divididos en facciones rivales. Iracheta, cuya oficina procesa delitos menores, apoyó al juez English Cantú en su candidatura de 2022 a juez del condado. El sheriff Tom Schmerber, quien supervisa la cárcel desde 2013, es aliado del predecesor del juez, David Saucedo.

Cuando English Cantú se postuló contra Saucedo, su primo segundo, calificó a Saucedo de “abusivo” que daba a sus “compinches” grandes sueldos “para que no hicieran nada”. Saucedo calificó a su oponente de “interesado” y le acusó de ayudar a difundir un rumor “casi cómico” de que era un asesino.

En las entrevistas, ningún funcionario discutió que el condado no liberara a tiempo a algunas personas. En cambio, se culparon unos a otros.

“La desafortunada incapacidad de comunicación entre el departamento del sheriff y la fiscalía, creo, es lo que ha retrasado esta situación”, dijo el juez English Cantú.

El juez afirmó que el tribunal de delitos menores, que preside aproximadamente una vez al mes, se celebraba con menos frecuencia bajo el mandato de Saucedo. A su vez, Saucedo dijo que sus propios predecesores lo habían hecho incluso con menos frecuencia.

Iracheta dijo que el problema era el Departamento del Sheriff. “Tenemos problemas extremos allí, pero yo no puedo controlar a quién elige el pueblo”, dijo.

El sheriff no respondió a las solicitudes de entrevista, pero la gestora de casos de la cárcel, Daniella Ramos, criticó a los magistrados que fijan las fianzas. Dijo que les envía listas semanales de encarcelados para que puedan ordenar la puesta en libertad de los acusados, pero que se van “al abismo”.

Kina Mancha, la magistrada con más antigüedad en el condado, afirmó que a veces la cárcel no ha cumplido las órdenes de dejar salir a la gente. “No están haciendo su trabajo”, dijo.

Sin defensores públicos, el condado recurre a abogados locales para que representen a los acusados de pocos recursos, pagando unos cientos de dólares por caso. Pero en los casos de delitos graves, a menudo no se nombra a los pocos abogados disponibles hasta que los acusados comparecen ante un juez, normalmente meses o años después de su detención.

En los tribunales de delitos menores, rara vez se designan abogados. A menudo, el único abogado en la sala es el fiscal. El trabajo principal del juez English Cantú es servir como jefe ejecutivo del condado, algo parecido a un alcalde. Como la mayoría de los jueces de condado en Texas, no tiene título de abogado.

La primera detención

Nacido en San Antonio, Padron ha pasado la mayor parte de su vida en Piedras Negras. Abandonó la escuela hacia los 12 años, cuando mataron a su madre, y en los últimos años ha cruzado regularmente el puente internacional para buscar trabajo de jornalero en Eagle Pass.

La noche de su detención, en junio de 2022, Padron necesitaba pañales para su hijo pequeño, Fernandito, pero no tenía dinero. Recordó que le dijo a su novia, “Voy a ir con alguien a ver qué hago. Ahorita agarro un trabajo de lo que sea”.

Entró en Estados Unidos y vio una casa donde pensó que podría ofrecerse para limpiar el jardín o lavar la camioneta. Pero dijo que estaba oscuro. Cuando vio que la puerta de la camioneta no estaba cerrada, cogió la billetera que estaba adentro.

Más tarde, describiría la decisión como precipitada, añadiendo que desearía poder disculparse y trabajar para devolver lo que tomó. “Se me hizo fácil”, dijo en español.

Tras comprar pañales en una tienda, Padron se dirigió a un Walmart y compró una bicicleta, una plancha para el pelo y un libro para colorear de Frozen antes de que las cuentas fueran congeladas. Regresaba hacia la frontera a las 10:00 p.m. cuando la policía, respondiendo a una llamada de la propietaria de las tarjetas de crédito, lo encontró y lo persiguió. La policía informó que había recuperado bienes por valor de algo más de 300 dólares.

Lo detuvieron por varios cargos potenciales: los delitos menores de huir de la policía y robar la billetera, y múltiples cargos de uso de tarjetas de crédito robadas, un delito grave de bajo nivel. Un magistrado se reunió con Padron, anotó en un formulario que quería un abogado de oficio y fijó su fianza en unos 40,000 dólares. Probablemente podría haber pagado 4,000 dólares o menos a un fiador y quedar en libertad, pero Padron no tenía esa cantidad. Lo enviaron a la cárcel del condado.

La ley de Texas establece lo que debería haber ocurrido a continuación. Su formulario de solicitud de abogado debería haber sido enviado al juez English Cantú en 24 horas y eso debería haberse resuelto en unos días. Los fiscales tenían 30 días para acusarlo oficialmente de cualquier delito menor y 90 días para los delitos graves; transcurridos ambos plazos, debería haber sido puesto en libertad.

Pero, nada de eso sucedió.

El juez English Cantú dijo en una entrevista que no recibía los formularios de solicitud de abogado. Esto sorprendió a varios magistrados del condado, quienes dijeron que el personal de la cárcel había prometido hace un año empezar a remitirlos sistemáticamente al tribunal.

“¿Se estaba haciendo? No lo sé”, dijo Jeannie Smith, magistrada desde hace casi 15 años. “¿Se está haciendo ahora? No lo sé”.

Sin un abogado que siguiera su caso, Padron se quedó en la cárcel nueve meses y medio.

Por fin, en marzo de 2023, los fiscales de delitos menores lo acusaron de un solo delito: eludir la detención. Fue puesto en libertad y un mes después se presentó ante el tribunal donde le ofrecieron un acuerdo: un año de libertad condicional, junto con una multa de 600 dólares, 270 dólares de costos judiciales y una cuota mensual de 40 dólares.

Padron dudó. Sabía que no podría pagar, dijo más tarde, y ya llevaba mucho tiempo en la cárcel. Recuerda que le preguntó al fiscal si no deberían tener en cuenta eso.

Lo más probable es que el fiscal no debería haberle ofrecido ningún trato a Padron. La ley estatal le prohíbe a los fiscales de Texas que hablen en el tribunal con un acusado que haya solicitado un abogado antes de que el juez se pronuncie sobre la petición. (Aunque los fiscales dijeron que solo hablan con los acusados que han renunciado a su derecho a un abogado, la ley especifica que esas renuncias no son válidas si está pendiente una solicitud de abogado).

Un abogado defensor podría haber presionado para que Padron obtuviera tiempo cumplido, una pena igual a los meses que había pasado en la cárcel, poniendo fin a su caso sin libertad condicional. O pedir al tribunal que renunciara a las multas y tasas, dada su incapacidad para pagarlas. Pero Padron no tenía abogado, y el fiscal le advirtió que la siguiente oferta podría ser peor. Entonces aceptó el trato.

‘Ya se me va a terminar eso’

Seis meses después, en noviembre de 2023, Padron fue detenido por violar su libertad condicional cuando cruzaba a Eagle Pass para ir a trabajar. No había asistido a sus controles mensuales ni había pagado sus cuotas.

Esta vez estuvo en la cárcel seis meses y medio, al parecer por error, antes de que ocurriera algo en su caso.

“Me enteré de que estaba detenido porque me llamó desde la cárcel”, dijo el agente de libertad condicional al juez English Cantú en una audiencia celebrada en mayo de 2024.

El juez calificó el retraso de “inaceptable”. “Tenemos que trasladar a estos individuos lo antes posible, sobre todo si son reclusos”, añadió.

Padrón permaneció inexpresivo. El intercambio de opiniones, que duró 10 minutos, se produjo en inglés, idioma que no comprende.

En Texas, los delitos menores como el cargo por evasión de arresto de Padron tienen una condena máxima de un año, y los jueces están obligados a acreditar a los acusados el tiempo ya cumplido. Padron había estado encarcelado un total de 16 meses. Sin embargo, el fiscal pidió otros 44 días de cárcel.

El juez English Cantú cambió al español para preguntarle a Padron por qué había violado la libertad condicional, y él respondió que, con un bebé y poco trabajo, no podía pagar las cuotas y temía presentarse sin ellas. El juez hizo una pausa y luego lo condenó a 34 días adicionales. (El juez declinó hacer comentarios sobre casos individuales).

“Pues lo bueno, también es que ya se me va a terminar eso”, dijo Padrón en la cárcel un par de semanas después, desesperado por reunirse con su familia. En julio, fue puesto en libertad por lo que pensó que sería la última vez.

Un mes después, lo volvieron a detener en la frontera y lo enviaron de nuevo a la cárcel. Más de dos años después de su detención inicial, ahora se le acusaba ante un tribunal de delitos graves por utilizar las tarjetas de crédito.

Retrasos y más retrasos

Para entonces, la víctima del delito de Padron había pasado página.

Yaqueline Salinas había estado furiosa en 2022 cuando recibió una alerta de que sus tarjetas de crédito estaban siendo usadas en el Walmart cercano. Manejó hasta que vio a Padron, al que reconoció por las cámaras de seguridad de su vecino, y alertó a la policía.

Pero dijo que los investigadores de delitos graves tardaron un año en pedirle los extractos de sus tarjetas de crédito. El banco le había devuelto el dinero, así que nunca respondió. “Me dio cosa, la verdad”, dijo Salinas más tarde en una entrevista en español, recordando los pañales que se cayeron de la bicicleta que conducía Padron. “Se perdió del bebé mucho tiempo”.

Supuso que su caso se había resuelto hacía tiempo. “¿Entonces regresó a la cárcel, el muchacho?”, preguntó a una periodista del Times. “Dios mío”.

Incluso sin los documentos de Salinas, los fiscales de delitos graves siguieron adelante. Pero pasaría otro año antes de que Padron fuera imputado.

El año pasado, las acusaciones por delitos graves en el condado se presentaron, en promedio, casi 14 meses después del delito, más del doble del tiempo transcurrido en presentar cargos por delitos menores, según un análisis del Times. Los fiscales de delitos graves trabajan para el fiscal del distrito y rara vez se coordinan con los fiscales de delitos menores del fiscal del condado, dijeron.

En consecuencia, acusados como Padron a veces se declaran culpables de un delito menor, pensando que quedarán en libertad, solo para volver a ser detenidos — o no ser puestos en libertad nunca — porque la policía también incluyó en la lista un posible cargo de delito grave para que los fiscales lo tuvieran en cuenta.

Por eso Sanchez, el hombre detenido por allanamiento en el centro comercial local, no fue puesto en libertad hasta siete meses después de su declaración de culpabilidad: la cárcel seguía reteniéndolo por una acusación pendiente de robo que los fiscales después dijeron que no iban a tramitar.

Otro hombre, de 22 años, fue detenido en abril pasado y lo acusaron de romper las ventanillas del carro de su padre y huir de la policía. En septiembre, se declaró culpable de evasión de la detención, un delito menor, por tiempo cumplido. Pero la cárcel siguió reteniéndolo, a la espera de que el fiscal del distrito lo acusara de vandalismo. En febrero, cuando el Times preguntó por qué seguía allí, el fiscal del distrito dijo que no sabía nada del caso. El hombre fue puesto en libertad ese mismo día.

El derecho a un abogado

En las entrevistas, el juez English Cantú e Iracheta, el fiscal del condado, se apresuraron a señalar las mejoras que habían realizado.

Iracheta dijo que en los últimos años había acelerado los procesos por delitos menores exigiendo a la policía que le enviara los casos en un plazo de 30 días. Aun así, en 2024, su oficina tardó medio año en promedio en presentar cargos.

“Presentarlos en un plazo de seis meses es razonable”, dijo, señalando que el plazo de prescripción de los delitos menores es de dos años. “Estamos trabajando activamente para mejorar la eficiencia”, añadió.

En el otoño pasado, el juez English Cantú aceptó una subvención estatal para contratar a una coordinadora que ayudara a designar abogados; la coordinadora empezó a trabajar este mes.

De julio a diciembre, el juez también asignó abogados en 31 casos, según los informes de auditoría, frente a ninguno en el primer semestre del año. Denegó una solicitud. Sin embargo, casi todas esas designaciones se produjeron después de que los acusados comparecieran ante el tribunal; decenas de solicitudes adicionales registradas para él por magistrados en etapas más anticipadas del proceso no obtuvieron respuesta, según muestran los informes estatales hasta diciembre.

En el tribunal de delitos graves, el caso de Padron continuó. Finalmente se le asignó un abogado, Luis De Los Santos, en agosto de 2024.

De Los Santos fue designado inicialmente para ocuparse de los cargos por delitos graves de Padron unos cinco meses después de su primera detención, según un administrador del tribunal. Pero Padron dijo que nunca tuvo noticias del abogado, y nunca se registró nada en su expediente judicial. Veintiún meses más tarde, después de que Padron fuera imputado, De Los Santos volvió a ser asignado al caso. (No respondió a las preguntas sobre su primer nombramiento).

En octubre, tras la primera comparecencia de Padron ante el tribunal por un delito grave, De Los Santos pareció no inmutarse por el hecho de que su cliente llevara ya tanto tiempo encarcelado. Momentos después, la jueza, Maribel Flores, dijo que no suele saber cuánto tiempo ha estado detenido un acusado hasta que el caso está avanzado. Pero a la pregunta de un periodista sobre el tiempo que Padron lleva en la cárcel, dijo que “normalmente aplicamos el tiempo cumplido” en tales situaciones.

En noviembre, la fiscalía accedió a que Padron quedara en libertad bajo fianza sin costo alguno. Pero la acusación pesaba sobre él.

“No quiero agarrar probation [libertad condicional en inglés] porque si cualquier cosita, cualquier cosita me van a encerrar”, dijo a la mañana siguiente. “Ya tengo dos años y medio con lo mismo”.

Volvió a presentarse ante el tribunal en diciembre, cuando la fiscalía le ofreció a Padron un acuerdo: no por el tiempo que había pasado encarcelado, sino cinco años de libertad condicional, que por lo general implica casi 4,000 dólares en honorarios.

De Los Santos le dijo a la jueza Flores que consideraba la oferta “bastante razonable”. Pero Padron se mostró indeciso, y el abogado pidió más tiempo para explicar la oferta. La jueza volvió a aplazar el caso hasta enero.

Padron faltó a esa audiencia. Al día siguiente, en la puerta de su casa, dijo que se había quedado dormido y que, al despertarse, se había encontrado con que le faltaba la bicicleta, lo que le impedía llegar a tiempo al juzgado. Su hijo estaba a punto de cumplir 3 años, y Padron se sentía abatido ante la idea de volver a ir a la cárcel.

Al otro lado de la frontera, se redactó una nueva orden de detención en su contra.

Ana Facio-Krajcer, Alexa Ura y Guadalupe González colaboraron con traducción e interpretación. Kirsten Noyes colaboró con investigación.

Jolie McCullough es una reportera que se enfoca en los sistemas de justicia penal en las zonas rurales de Texas como integrante de la Beca de Investigaciones Locales en The New York Times. Más de Jolie McCullough

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