El gobierno federal abusó de su poder para apoderarse de propiedades y construir una cerca fronteriza

BROWNSVILLE — Los agentes de bienes raíces comenzaron a trabajar en la frontera de Texas y México en la primavera del 2007. A veces eran representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Otras veces eran oficiales de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU., con uniforme verde y las pistolas enfundadas al costado. Iban a casas móviles en ruinas y a casas suburbanas con vistas a campos de golf. Inspeccionaban fértiles ranchos de caña de azúcar, algodón y sorgo que crecían junto al Río Grande de aguas color lodo. Les daban sus terminantes noticias a rancheros y granjeros, a los que trabajaban con metal laminado y a profesores universitarios, mecánicos automotrices y ricos constructores.

Les dijeron a los propietarios que el gobierno federal iba a construir una cerca para evitar que los narcotraficantes e inmigrantes cruzaran ilegalmente a los Estados Unidos. La estructura iba a pasar directamente sobre su terreno. Los agentes explicaron que el gobierno iba a hacerles una oferta justa para comprar la propiedad. Esa era la ley. Pero si los propietarios no querían vender, el siguiente paso era un tribunal federal. Los abogados de los Estados Unidos iban a presentar una demanda para expropiar. De una u otra forma, el gobierno obtendría el terreno. Esa, también, era la ley.

Las visitas iniciaron la expropiación más agresiva de terrenos privados por parte del gobierno federal en décadas. En menos de un año, el Departamento de Seguridad Nacional presentó más de 360 demandas por derecho de expropiación contra propietarios, que involucraron miles de acres de tierras en la frontera de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

La mayor parte de las tierras expropiadas se extendían a lo largo del Río Grande, que forma la frontera entre Texas y México. En total, la agencia pagó $18.2 millones para acumular una franja de terreno que ocupaba casi la mitad de la longitud de las 120 millas del Valle del Río Grande en el extremo sur de Texas.

Años antes de que el presidente Donald Trump prometiera construir su muro, Seguridad Nacional erigió ahí una cerca de 18 pies de altura por medio de una apropiación negligente de tierras que sirve de advertencia para el futuro.

Una investigación de ProPublica y The Texas Tribune demuestra que Seguridad Nacional hizo tratos injustos de bienes raíces, dejó de aplicar en secreto amparos legales para propietarios y básicamente abusó del poder extraordinario del gobierno para quitarles los terrenos a ciudadanos privados.

Los principales hallazgos:

●  Seguridad Nacional evadió leyes diseñadas para ayudar a los propietarios de tierras a recibir una compensación justa. La agencia no llevó a cabo valoraciones de las parcelas deseadas. En cambio emitió ofertas bajas en base a estimados no conformes con los estándares de los valores de las propiedades.

●  Los propietarios más grandes y ricos que podían pagar abogados negociaron tratos que, en promedio, lograron el triple de las ofertas iniciales de Seguridad Nacional. Los propietarios de tierras más pequeños y pobres aceptaron lo que el gobierno ofreció o exprimieron pequeños aumentos en sus acuerdos. El gobierno aceptó públicamente que los propietarios de tierras sin abogados podían terminar recibiendo de menos, pero hizo poco para proteger sus intereses.

●  El Departamento de Justicia manejó mal cientos de casos de expropiación. La agencia se apoderó de tierras sin saber la identidad de los propietarios. Expropió terrenos sin investigar hechos tan básicos como límites entre propiedades. Los propietarios de tierras gastaron decenas de miles de dólares para defenderse de los errores del gobierno.

●  El gobierno tuvo que rehacer acuerdos con propietarios de terrenos después de darse cuenta de que no había tomado en cuenta los valiosos derechos sobre aguas asociados con las propiedades, un descuido que agregó meses al proceso de compensación.

●  Ocasionalmente, Seguridad Nacional le pagó a gente por propiedades que en realidad no eran suyas. La agencia no intentó recuperar los fondos mal dirigidos de los contribuyentes fiscales, y en cambio pagaron el terreno una segunda vez cuando finalmente determinó quiénes eran los propietarios correctos.

●  Casi una década más tarde, montones de propietarios de terrenos siguen enredados en demandas. El gobierno ya se ha apropiado de sus terrenos y ha construido la cerca fronteriza. Pero no ha resuelto los reclamos por su valor.

Los errores y disparidades pasaron de familia a familia, cuadra a cuadra, condado a condado, a todo lo largo de la cerca fronteriza.

La familia Loop gastó más de $100,000 para defender los terrenos de su granja de constantes errores del gobierno en relación con el tamaño, la forma y el valor de su propiedad. El gobierno construyó una cerca a través del terreno de la familia de Robert De Los Santos, pero casi una década después no se ha llegado a un acuerdo para el mismo. Al peón Roberto Pedraza accidentalmente le pagaron $20,500 por un terreno que ni siquiera le pertenecía.

Al maestro jubilado Juan Cavazos le ofrecieron $21,500 por una franja de dos acres de su terreno. Lo aceptó, pensando que no podía costear un abogado.

Rollins M. Koppel, un abogado y banquero local, no cometió el mismo error. Un caro despacho de abogados de Texas negoció su oferta de $233,000 hasta casi $5 millones, el acuerdo más alto en el Valle del Río Grande.

“Nos estafaron,” dijo Cavazos, de 74 años.

Seguridad Nacional dirigió sus preguntas al Departamento de Justicia. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. se rehusó a responder preguntas por escrito de ProPublica y The Texas Tribune.

Un funcionario del Departamento de Justicia, quien insistió en permanecer en el anonimato, dijo que todas las agencias involucradas en las apropiaciones de tierras siguieron los procedimientos apropiados.

“Para cualquier proyecto de obras públicas grande que afecte a cientos de propiedades, probablemente habrá una amplia gama de valores, porque se están adquiriendo tipos muy diferentes de propiedades,” dijo el funcionario. “Son esas mismas diferencias de uso las que no se pueden captar en un rápido análisis estadístico de las propiedades adquiridas y los precios pagados por las tierras.”

Michael Chertoff, el exsecretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush, quien personalmente aprobó las expropiaciones en Texas, prefirió no comentar.

Greg Giddens dirigió el proyecto de construcción de la cerca para Seguridad Nacional. Ahora jubilado, Giddens dijo que su equipo tenía presión tanto de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE.UU., que quería que la cerca se construyera rápidamente para beneficio de los cuerpos policiales, como del Congreso, que estableció una fecha límite para terminar la estructura.

“Todos querían hacerlo bien. Pero estaba claro que la misión era terminarla,” dijo Giddens.

Hyla Head, el exoficial del Cuerpo del Ejército que supervisó el proceso de expropiación para la agencia, dijo que el gobierno hizo todo de acuerdo a los reglamentos.

“Existe un proceso que tenemos que seguir y lo hicimos,” dijo Head, ahora retirado. “Pienso que hicimos un trabajo de lo mejor considerando todas las restricciones que teníamos.”

La cerca nació en el medio de un furioso debate nacional acerca de la reforma inmigratoria. En el 2006, el representante Peter King, un republicano de Nueva York, presentó un plan para construir cientos de millas de una barrera física a lo largo de la frontera sur. Aunque controversial, la propuesta obtuvo apoyo de ambos partidos. El entonces senador Jeff Sessions, republicano de Alabama, dirigió la lucha para su aprobación. Votos a favor vinieron de los senadores demócratas Hillary Clinton y Barack Obama.

El 26 de octubre de 2006, el presidente Bush firmó la Ley de la Cerca Segura. El presidente Obama supervisó la construcción de la cerca. En total, Seguridad Nacional construyó una cerca de 654 millas, casi la meta de 700 millas del Congreso, a un costo de $2.4 millardos.

Ahora Trump ha prometido terminar el trabajo con un muro mucho más grande, casi el doble de la altura de la cerca actual, hecho de concreto y que ocuparía gran parte de las 1,300 millas restantes de la frontera sur que no está protegida por una barrera física. Su administración ha declarado la intención de expropiar más tierras para construir el muro en el centro del Valle del Río Grande, donde gran parte de las propiedades continúan en manos privadas.

Para que Trump tenga éxito, el gobierno federal tendrá que presentar más demandas por derecho de expropiación usando la misma ley que causó pagos desiguales la vez pasada. Muchas de las partes que supervisaron la construcción de la cerca están ahora trabajando en hacer realidad el muro de Trump.

A Mauricio Vidaurri le falla la voz cuando se imagina un muro a través del rancho de su familia al sur de Laredo en las riberas del Río Grande.

Siendo ranchero, Vidaurri apoya firmemente una mejor protección fronteriza. Los que cruzan la frontera constantemente violan su propiedad, y los narcotraficantes se han llegado a meter en una de las casas del rancho.

Pero un muro casi con certeza separaría el rancho que ha estado en su familia desde el siglo XVIII. Si Seguridad Nacional quiere construir un muro, Vidaurri sabe que va a ser casi imposible detenerla.

“Es una guerra que no podemos ganar,” dijo.

Un poder soberano

“El derecho de expropiación” probablemente existe como frase en la consciencia de la mayoría de estadounidenses de una u otra forma. Quizás lo hayan escuchado cuando el gobierno estaba construyendo una autopista o abriéndole camino a una tubería de gas.

El poder soberano de apropiarse de tierras y la necesidad de proteger a los propietarios de su abuso se remonta al principio de la democracia moderna.

En 1215, la Carta Magna limitó el poder real, incluyendo la restricción de la capacidad del soberano de apoderarse de las tierras de sus nobles. “Ningún hombre libre podrá ser aprehendido o aprisionado, ni despojado de sus derechos o posesiones,” decía. El castillo de un hombre era su hogar, y ni siquiera un rey podía quitárselo sin el debido proceso. Estas palabras permanecen inalteradas en la ley británica moderna.

Más de cinco siglos después, los primeros legisladores de los Estados Unidos consagraron los derechos de propiedad en la Constitución de los EE.UU. La Quinta Enmienda requería que el gobierno ofreciera una “compensación justa” si se apoderaba de propiedades por medio del derecho de expropiación o eminent domain, el equivalente en inglés de una frase latina que significa “señoría suprema.” Si el gobierno iba a apoderarse de propiedades, tenía que pagar por ellas, justa y completamente.

A lo largo de las décadas, el derecho de expropiación transformó el paisaje estadounidense. Ni el Sistema de Autopistas Interestatales de los EE.UU. ni algunos parques nacionales, ni el Cabo Cañaveral de la NASA ni el mismo edificio de la Corte Suprema de los EE.UU. habrían sido posibles sin la expropiación federal de tierras. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Justicia se jactaba de ser el agente inmobiliario más grande de la nación. El gobierno federal adquirió más de 20 millones de acres de tierras, un área del tamaño de Carolina del Sur, para construir bases y otros sitios militares.

Al mismo tiempo, el potencial de abuso inspiró un temor arraigado. Un antiguo juez de la Corte Suprema describió el derecho de expropiación como un “poder despótico.” Los propietarios, desde enormes compañías madereras hasta personas desalojadas de sus hogares, han luchado amargamente para evitar que el gobierno se apropie de sus tierras o para garantizar un precio justo del mercado.

Políticamente, una coalición inusual de derecha e izquierda ha resistido el uso del derecho de expropiación.

Los progresistas han argumentado que los grupos necesitados padecen el dolor de la expropiación más que la mayoría. En las décadas de los 50 y 60, los funcionarios implementaron el derecho de expropiación para demoler vecindarios principalmente minoritarios y pobres de la ciudad en nombre de la renovación urbana. Los planificadores gubernamentales lo llamaron la “extirpación de la plaga.” El escritor James Baldwin tenía otro término: “Significa la extirpación de los negros,” dijo después de una junta con el fiscal general de los EE.UU. Robert Kennedy en 1963. “Y el gobierno federal es cómplice de esto.”

En la derecha, los conservadores han advertido acerca de la llamada “mano avara” de los ataques burocráticos a los derechos de propiedad privada. Esa inquietud tuvo prominencia nacional en el 2005, cuando la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó en contra de propietarios privados en el trascendental caso de Kelo versus la Ciudad de Nuevo Londres.

Esta ciudad de Connecticut expropió las casas de Susette Kelo y sus vecinos para darle las tierras a un constructor privado. El constructor planeaba construir un hotel, viviendas y espacios de oficina para complementar un nuevo centro de investigación de Pfizer Corp., el gigante farmacéutico. La ciudad determinó que la nueva construcción generaría trabajos e ingresos de impuestos.

En una decisión de 5-4, el tribunal dictaminó que tomar las tierras de un grupo de dueños de propiedades privadas para dárselas a otra entidad privada era permisible como “uso público.” La pequeña casa rosada de Kelo se reubicó y se demolió su vecindario, pero nunca se construyó nada.

El dictamen unió a enemigos ideológicos. Ralph Nader lo criticó fuertemente. Igualmente lo hizo Rush Limbaugh. Unos cuantos activistas de los derechos de propiedad estaban tan enojados que intentaron expropiar la casa del Juez David Souter en New Hampshire y reemplazarla por el “Hotel La Libertad Perdida.”

Uno de los pocos defensores de alto perfil del dictamen fue Donald Trump, entonces un constructor de Nueva York. “Resulta que yo estoy cien por ciento de acuerdo,” dijo. Su opinión estaba fundada en experiencia. En los años 90, perdió una lucha de derechos de expropiación cuando una agencia local fracasó en su oferta de derrumbar el hogar de una mujer mayor en Atlantic City para dar más espacio para un estacionamiento de limusinas para el casino de Trump.

El entusiasmo de Trump por apropiarse de tierras persiste. Durante un debate presidencial en febrero del 2016, Trump lo describió casi como ganar la lotería. “Cuando se usa el derecho de expropiación para adquirir la propiedad de alguien, esa persona obtiene una fortuna,” le dijo a la audiencia. “Obtiene al menos un valor justo del mercado, y si es inteligente, obtiene dos o tres veces el valor de su propiedad.”

En respuesta a la decisión de Kelo, 45 estados, incluyendo a Texas, aprobaron nuevas leyes para mejorar las protecciones de los propietarios de tierras. Algunos estados prohibieron las tomas de ente privado a ente privado. Otros requirieron “supercompensación” (pagos mayores que el valor justo del mercado). Estas reformas se basaron en otras aprobadas a lo largo de los años. California paga hasta $5,000 para que los propietarios contraten sus propios valuadores. Texas ofrece comisiones especiales para revisar las expropiaciones de tierras antes del comienzo de procedimientos legales costosos. Utah creó un defensor del pueblo independiente para ayudar a los propietarios de tierras a abrirse paso a través del proceso.

Pero el furor de evitar el abuso del derecho de expropiación circunvaló una entidad importante: el gobierno federal. Después de Kelo, el presidente Bush emitió una orden ejecutiva que requería que las agencias monitorizaran mejor las tomas de tierras. El Congreso no aprobó ninguna legislación significativa.

Y así, para cuando los agentes de bienes raíces habían terminado de tocar a las puertas en el Valle del Río Grande a fines del 2007, los propietarios de tierras encaraban un gobierno federal armado de poderosas herramientas legales, muchas de ellas creadas décadas antes para un propósito muy diferente que el de construir un muro fronterizo. 

Herramientas para la toma

Los funcionarios de Seguridad Nacional a cargo de construir la cerca fronteriza se estaban poniendo nerviosos.

El Congreso había establecido una fecha límite para terminar el proyecto: el 31 de diciembre de 2008. En poco más de un año, Seguridad Nacional tenía que emitir contratos gubernamentales valorados en millones de dólares, comprar 145,000 toneladas de acero y construir una cerca de cientos de millas a través de terrenos implacables.

“El tiempo pasa,” Greg Giddens, director ejecutivo del cuerpo especial de la Iniciativa de Fronteras Seguras, les advirtió a sus colegas en un correo electrónico de septiembre del 2007.

El principal problema era Texas. A diferencia de otros estados fronterizos, la mayor parte de las tierras en las que se iba a poner la cerca estaba en manos privadas. Y la gente de Río Grande se rehusaba a vender. Los agentes de bienes raíces solo cerrarían 22 tratos.

El 7 de diciembre de 2007, Chertoff anunció su decisión: si los propietarios de tierras no cooperaban, el gobierno se iba a apropiar de las tierras. Tenían 30 días para decidir. “Por supuesto quisiéramos llegar a un acuerdo con el propietario de las tierras,” dijo. “Pero si no tenemos éxito, estamos preparados para usar el derecho de expropiación,” les dijo a los reporteros.

Durante los siguientes siete meses, Seguridad Nacional presentó 330 demandas en contra de una multitud de propietarios de tierras a lo largo del Río Grande. La mayoría del área en cuestión era tierras de cultivo. Pero se rebanaron casas, campos de golf, negocios e incluso reservas naturales.

Alberto Garza, de 91 años, perdió 10 acres que le daban acceso a la granja de caña de azúcar que había labrado por 50 años. A los De León los despojaron de cuatro trechos individuales que habían pertenecido a su familia desde la última década del siglo XVIII, cuando España regía en la región. Obligaron a Ray Loop a entregar una franja de su propiedad que pasaba frente a su casa cerca del Río Grande. La Conservación Oficial de Recursos Naturales, una de las principales organizaciones ambientales del país, entregó ocho acres de su reserva. A la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande le quitaron el campo de golf donde practicaba su equipo.

En total, la agencia construyó 50 millas de cerca en franjas desconectadas de 40 a 60 pies de ancho y expropió un total de 564 acres. Un proceso que puede demorar años para una sola parcela se había comprimido en meses.

Las expropiaciones fueron posibles gracias a un pedazo de papel llamado una Declaración de Toma.

El Congreso aprobó la Ley de Toma durante la Gran Depresión para estimular la economía. Se diseñó como una alternativa a las lentas demandas por derecho de expropiación tradicionales. La idea era acelerar las expropiaciones de tierras, permitiéndole así al gobierno federal construir rápidamente proyectos de obras públicas y generar nuevos trabajos.

Al usar una llamada toma rápida, una agencia federal obtenía el título de la propiedad de una persona el mismo día en el que presentaba la declaración de toma ante el tribunal. Los buldóceres podían arrancar tan pronto como un juez aprobara una orden de posesión del terreno. El propietario quedaba prácticamente incapaz de detener el proceso.

Para equilibrar este ejercicio muscular del poder soberano, la ley requería que el gobierno inmediatamente le depositara un cheque al tribunal para pagarle al propietario. Se suponía que la cantidad debía ser el valor justo del mercado, la cantidad que un comprador dispuesto le pagaría a un vendedor dispuesto. El propietario podía aceptar el dinero o tratar de convencer al gobierno de que le pagara más, lo cual era un proceso que podía demorar años.

“Pueden simplemente tomar la propiedad ahora y preocuparse del precio después,” dijo Robert H. Thomas,  expresidente del comité de derechos de expropiación del Colegio de Abogados de los Estados Unidos. “Es una herramienta bastante poderosa.”

Pero no suficientemente poderosa para Seguridad Nacional. La agencia implementó una segunda herramienta para que fuera más fácil y rápido expropiar tierras. Emitió una exención que evisceró una ley federal que protegía a los propietarios de expropiaciones injustas.

La llamada Ley Uniforme requería que el gobierno negociara con los propietarios antes de expropiar terrenos. Una agencia no podía tomar acciones coercitivas para forzar una venta y los propietarios debían recibir una descripción detallada de la propiedad a expropiar.

Quizás la disposición más importante era que el gobierno tenía que valorar formalmente las tierras de un valor mayor a $10,000 antes de llevar a un propietario a la corte. La valoración tenía que hacerse según los rigurosos estándares detallados en el Libro Amarillo, la biblia de 262 páginas del gobierno federal para determinar el precio de una tierra.

La idea era prevenir precios demasiado bajos. La oferta inicial del gobierno para comprar la propiedad no era una oferta de lanzamiento en una negociación. Se suponía que tenía que estar lo más cerca posible al valor final y completo del terreno, valorado según su “mayor y mejor” uso financiero. Entonces, por ejemplo, si tenías un terreno baldío en el que se podían plantar cultivos, se suponía que la agencia tenía que pagar como si tus campos fuesen copiosos.

Había una excepción a la ley. Una agencia podía circunvalar cualquiera de los requisitos de la ley, siempre y cuando al hacerlo “no redujera la ayuda o protección provista al propietario.”

Prácticamente sin aviso público, Seguridad Nacional aprovechó el tecnicismo. Eximió los requisitos de negociación de la ley y eliminó las provisiones del conflicto de intereses. La agencia también aumentó el umbral de la valoración a $50,000 por propiedad expropiada a lo largo de la frontera.

En la práctica, un umbral más alto significó que la agencia no tuvo que valorar formalmente la mayor parte de las propiedades que quería. Las tierras son baratas en el Valle del Río Grande y el gobierno se estaba apropiando solamente de pequeñas franjas para la cerca. De 197 trechos que expropió Seguridad Nacional, el 90 por ciento estaba valorado en menos de $50,000.

En lugar de valoraciones formales, Seguridad Nacional le indicó al Cuerpo del Ejército que les asignara valores a las tierras deseadas. Los evaluadores del Cuerpo del Ejército no tenían que ser valuadores certificados. No tenían que atenerse a los estándares del Libro Amarillo. No tenían que identificar a los propietarios y no necesitaban descripciones legales precisas, llamadas medidas y colindancias, para determinar los límites de las propiedades.

A Seguridad Nacional le preocupaba que el Cuerpo del Ejército no tuviera la experiencia ni la mano de obra para hacer el trabajo, según un informe de septiembre del 2007. Giddens, jefe del proyecto de la cerca, dijo que Seguridad Nacional le indicó a la agencia que reuniera expertos en bienes raíces de otras oficinas del Cuerpo del Ejército y que buscara contratistas para hacer el trabajo lo más rápido posible.

No valía la pena esperar mucho para llevar a cabo el proceso de expropiación, dada la fuerte oposición de los propietarios de tierras del Valle, dijo Giddens.

“Esto no iba a mejorar con el tiempo. Ninguno de nosotros pensó que si esperábamos seis meses la gente iba a decir: ‘Ah, ¡ahora entiendo!’,” dijo. “No había razones para prolongarlo.”

En la primavera del 2008, los representantes del Cuerpo del Ejército se dispersaron a lo largo del Valle del Río Grande para llevar a cabo negociaciones con propietarios reacios.

Se encontraron con confusión y furia, según un informe del Cuerpo del Ejército acerca de las negociaciones. Los propietarios querían saber dónde se iba a poner la cerca y cómo iba a afectar su propiedad. Pidieron más tiempo para considerar las ofertas. Los contratistas les dijeron que solo tenían semanas para firmar un trato o el gobierno los demandaría.

Un negociador describió la angustia de un granjero al verse presionado a tomar una decisión en menos de dos semanas en plena cosecha de cebollas.

“Se lo toma un poco más a pecho y es un poco más emotivo que otros,” escribió un especialista de bienes raíces del Cuerpo del Ejército. “Había perdido la confianza en que el Congreso tuviera sentido común.”

Tudor Uhlhorn, de 58 años, un político local, granjero y dueño de negocios, estaba perplejo ante la oferta federal de comprar terrenos que le pertenecían a lo largo del Río Grande. Había estado involucrado en casos de expropiación de terrenos presentados por el estado de Texas y en esos casos los abogados del estado le habían dado descripciones detalladas de la propiedad y de los planes de construcción.

Seguridad Nacional le envió un mapa que parecía haber sido sacado de Google Earth, con un rectángulo rojo dibujado alrededor del trecho en cuestión. Cuando pidió más información, el Cuerpo del Ejército le envió una carta: “El plan acelerado necesario para satisfacer el mandato del Congreso no permitirá la realización de estudios del terreno antes de su adquisición,” decía.

Seguridad Nacional expropiaría primero y mediría después...

No se les informó ni a Uhlhorn ni a su abogado que Seguridad Nacional había atropellado las protecciones para los propietarios de tierras hasta que argumentaron el caso ante el tribunal.

“Me estaban construyendo la cerca encima sin un conjunto completo de planes. No tenían ningún plan que mostrarme,” dijo Uhlhorn. “Simplemente dijeron que empezaba más o menos en esta área y terminaba más o menos por allá.”

La decisión de Seguridad Nacional de cambiar un solo dígito en una oscura línea del código federal, dejó a los propietarios del Valle vulnerables ante el capricho de agencias federales más enfocadas en la construcción de la cerca que en una compensación justa.

Eso es porque la Ley Uniforme contenía una última debilidad. Incluso si un propietario podía demostrar que Seguridad Nacional había violado los requisitos de la ley, no había nada que el tribunal, ni nadie más, pudiera hacer para remediarlo. 

Escondida en la profundidad de la ley, el Congreso había incluido una oración que decía que la Ley Uniforme “no crea derechos ni responsabilidades y no debe afectar la validez de adquisición alguna de propiedades por compra o expropiación.”

En otras palabras, había una ley pero no había manera de hacerla cumplir. En términos legales, era “injusticiable”: estaba más allá del alcance del tribunal federal.

“Este es básicamente un rincón muy oscuro de la ley,” dijo Gideon Kanner, profesor emérito en la Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles y un antiguo promotor de los derechos de propiedad privada. “Tienes que reexaminar cualquier noción de debido proceso que puedas tener.” 

Sin Comisión

Delia Pérez Weaver, de 74 años, comenzó a trabajar en la granja de su abuelo cerca de San Benito en cuarto grado. En aquel entonces, los trabajadores mexicanos venían a través del Río Grande con permisos temporales de trabajo concedidos bajo el Programa Bracero. Recogían quingombó y algodón, ejotes y tomates.

Cuando el Cuerpo del Ejército vino a hablar con ella, Weaver había alquilado la casa de labranza y el terreno. Le dijeron que necesitaban un acre para construir la cerca y obtener una ruta de acceso. Como compensación recibiría casi $15,000.

A Weaver le pareció baja la oferta. Un pariente le dijo que había recibido un pago mayor por un lote similar de terreno un poco más adelante en el mismo camino. La cerca de 18 pies de altura era una monstruosidad que reduciría el valor del terreno. Y tanto de su vida, y de la de su familia, estaba relacionado con la granja de su abuelo. Le había pedido más dinero al representante del Cuerpo del Ejército. Él le dijo que no, así que aceptó la oferta.

“Es lo que es,” lo recuerda decir. “Si quieres más tienes que ir ante un tribunal y eso te va a costar más dinero.”

El funcionario del Cuerpo del Ejército estaba en lo correcto. Los propietarios demandados por el gobierno no tenían derecho a que les asignaran un abogado. Tenían que contratarlo ellos mismos o encontrar uno dispuesto a trabajar por un honorario de contingencias. Eso no es fácil. Tradicionalmente, los abogados privados de derechos de expropiación obtienen aproximadamente un 30 por ciento del aumento de la oferta inicial. Pocos aceptan casos en los que la propiedad vale menos de $100,000; no les sale a cuenta.

Sin embargo, los tribunales federales habían creado una solución para los propietarios como Weaver. En proyectos que involucraban muchos propietarios de trechos baratos distribuidos a lo largo de un área más grande, un juez podía nombrar una comisión de tierras compuesta por expertos en bienes raíces locales para determinar el valor de las propiedades. Las comisiones les permitían a los pequeños propietarios defender sus casos sin el gasto de procedimientos formales que implica una audiencia judicial.

Se usaron comisiones en los dos casos más grandes de derecho de expropiación en la historia de los EE.UU.: la creación del Parque Nacional de los Everglades en Florida, que involucró más de 40,000 demandas a lo largo de tres décadas, y la Autoridad del Valle de Tennessee, una compañía de energía hidroeléctrica alquilada por el Congreso que requería adquirir cientos de miles de acres de terreno. Las comisiones también se han usado en proyectos de expropiación mucho más pequeños, algunos de apenas 16 propiedades.

Cuando comenzaron las demandas, el Departamento de Justicia, en representación de Seguridad Nacional, urgió al juez federal que supervisaba la mayoría de los casos en el Valle para que nombrara una comisión.

Virginia Butler, jefa de la sección de adquisición de bienes raíces del Departamento de Justicia, le advirtió en una moción al Juez Andrew S. Hanen que el no hacerlo “resultaría en una prolongada litigación de estos asuntos e indemnizaciones dispares para los reclamantes, que sería un resultado muy insatisfactorio para todas las partes involucradas.”

“Para lograr el otorgamiento de compensaciones justas y uniformes sin demora para todos los propietarios afectados (con o sin representación) en el Valle del Río Grande se requiere el nombramiento de una comisión,” escribió.

A Hanen se le conoce ahora como el juez que obstruyó la orden de Obama para relajar las leyes de inmigración. Pero antes era el “juez de la cerca” que manejaba casi todos los casos a lo largo del Río Grande. Hanen rechazó la solicitud de Butler. Un juicio mediante jurado, dijo, era el mejor foro para los casos. Y no había necesidad de preocuparse de que los defensores no tuvieran asesoramiento legal, según Hanen, porque todos los casos ante él ya tenían abogados.

En cuanto a las negociaciones entre el gobierno y los propietarios de tierras, Hanen declaró que él “no se iba a meter.”

La confianza de Hanen estaba mal fundada. A medida que las demandas evolucionaron en la corte en lugar de frente a una comisión, las funestas predicciones de Butler se volvieron realidad. Los pagos fueron desiguales y las demandas se extendieron por años, según un análisis de ProPublica y The Texas Tribune de 197 casos en el Valle del Río Grande, donde el gobierno tomó posesión de propiedades. El análisis no incluyó los casos que permanecen abiertos ni apropiaciones temporales de tierras.

Las demandas de las tomas del Departamento de Justicia causaron que la comunidad se dividiera en tres grupos, no dependiendo del terreno que poseían, sino de su capacidad de contratar a un abogado.

El grupo más grande estaba conformado por dueños de tierras de pocos recursos, muchos de la tercera edad, algunos que solo hablaban español. No contrataron abogados y aceptaron la oferta inicial del gobierno. La mitad de las demandas tuvieron ese resultado. El acuerdo medio fue de $8,000. La expropiación media fue de poco más de un tercio de acre.

Aquellos que llegaron a un acuerdo fueron gente como Otalia Pérez, de 81 años, y su esposo Tomás, de 85 años. Vivían en una sencilla casa de ladrillo frente a sus tierras de cultivo. Cuando el Cuerpo del Ejército se dirigió a ellos, hacía mucho que Tomás había dejado de trabajar la tierra por sí mismo, y en cambio se la alquilaba a granjeros inquilinos. Ni él ni su esposa tenían ganas de pelear contra el gobierno. Aceptaron $21,000, y el gobierno se apropió de dos acres de terreno.

“Mis padres ya eran viejos y no estaban como para meterse en una batalla legal, así que dijimos: ‘Miren, acepten lo que les den ahorita porque de todas maneras va a pasar,” dijo Joe Pérez, el hijo que llevó a cabo las discusiones con el gobierno.

Jack Coleman, de 77 años, era un militar veterano que se retiró del Comando Naval Espacial en 1996. Cuando el gobierno le ofreció $10,600 por una franja de terreno descuidado que usaba como su campo de tiro personal, le pareció un buen trato. Fue casi la misma cantidad que había pagado por todo el tramo de cinco acres años antes. “Ofrecieron un precio más que justo,” dijo.

Pero al tomar franjas de terrenos de parcelas más grandes, como ocurrió en el Valle del Río Grande, el gobierno no valoró las propiedades de la manera en que las transacciones de bienes raíces se valoran normalmente.

Según las normativas federales, se suponía que Seguridad Nacional evaluara el valor de un terreno antes de construir la cerca, y que lo hiciera de nuevo después de la construcción. La diferencia entre la primera y segunda cifras es un estimado del daño infligido sobre la propiedad a causa de la construcción de la cerca. La fórmula está diseñada para registrar las diferencias de precio causadas al separar un terreno de su tramo matriz.

Pero muchos en el Valle sopesaron la oferta según el precio por acre en un momento en que las tierras de cultivos mejor irrigadas estaban vendiéndose por $10,000 el acre. Para aquellos que desconocían la fórmula, la oferta del gobierno les pareció generosa, al menos al principio.

La familia Cavazos vivía en una casa con 30 acres acuñados entre el Río Grande y la Avenida Oklahoma, un trecho de dos carriles de asfalto en el extremo este de Brownsville. Gran parte del terreno quedaba entre el río y un dique, útil solo para cultivos.

Los Cavazos criaban ganado, caballos y gallinas que rumiaban por los espesos pastizales y pasturas tras la casa de rancho de una sola planta y ladrillos color canela. Es un área rural: los caballos pasta en las altas hierbas junto a las calles. No hay farolas, y la calle está bordeada por campos de algodón, maíz y naranjales.

El Cuerpo del Ejército le dijo a la familia que iba a construir una cerca que pasaría justo detrás de la casa, y que también pondría una carretera de gravilla. Para compensarlos por la pérdida de los dos acres para este proyecto, Seguridad Nacional les ofreció $21,500 y prometió instalar una verja con un código de seguridad que les daría acceso al terreno que quedaría del otro lado.

Juan Cavazos era maestro. Su esposa trabajaba como secretaria en el distrito escolar. Ellos no querían la cerca. Pensaban que había mejores maneras de detener a los que cruzaban y contrabandeaban a través de sus tierras. Pero ¿quiénes eran ellos para discutir con el gobierno? Decidieron que un abogado simplemente terminaría cobrándoles altos honorarios de contingencias.

“Estuviéramos en contra o a favor, igual la iban a construir,” dijo Cavazos. “Estábamos totalmente en contra de construir el muro fronterizo, pero no podíamos hacer nada al respecto.”

Aceptaron el dinero y Seguridad Nacional construyó la barrera. Se yergue amenazante en el patio trasero, dentada y afilada, como la cerca de un gigante. La verja en el medio le permite a Cavazos dar una vuelta por la porción trasera de su propiedad. Los oficiales de la patrulla fronteriza pasan veloces por la carretera de gravilla.

Si hubiera conocido mejor las leyes, Cavazos hubiese pedido más dinero. Por ejemplo, podría haber insistido que se valorara el potencial agrícola de su terreno en su mayor y mejor uso. O podría haber contratado un valuador para contrarrestar la estimación del gobierno. Pero Cavazos no sabía nada de eso. Toda la responsabilidad de probar el valor entero del mercado recae sobre el propietario y no el gobierno.

Más tarde descubrió que propietarios cercanos recibieron pagos mayores al de él por parcelas similares de terrenos. También piensa que la barrera ha reducido permanentemente el valor de reventa del terreno, que ahora está atrapado entre el río y la cerca.

“En ese entonces nos pareció una oferta justa,” dijo Cavazos. “A los que no contratamos abogados nos estafaron.”

No había que tener un abogado para probar que la oferta del gobierno era demasiado baja; en algunos casos, lo único que había que hacer era una llamada telefónica.

Los De León quedaron dentro del segundo grupo de propietarios. Como el primer grupo, ellos también tuvieron que enfrentarse a Seguridad Nacional sin asesoramiento. Pero pudieron negociar un aumento en el acuerdo final. De las 131 demandas en las que los propietarios no tenían abogado, 30 llegaron a un acuerdo para un aumento de 33 por ciento más que la oferta media del gobierno. El pago por el tercio de acre medio aumentó de una media de $6,000 a justo debajo de $8,000.

Muchos de estos propietarios tenían cierta familiaridad con los mecanismos del gobierno; eran empleados locales, estatales o federales. O tenían conexiones con personas influyentes como abogados o políticos locales. O simplemente se sentían cómodos en negociar directamente con la Fiscalía de los EE.UU.

Frecuentemente, obtener una mejor oferta no requería mucho esfuerzo. Los propietarios que se comunicaron con el Departamento de Justicia con frecuencia describían una discusión rápida y cordial. Mientras que pocos obtuvieron lo que pedían, normalmente recibían cierto dinero extra o un acuerdo para reducir el efecto de la cerca sobre su terreno. Por ejemplo, los granjeros negociaron tratos para instalar verjas electrónicas que les permitieran llevar equipo agrícola a sus campos.

El gobierno le informó a Rosalía González que le pagaría $700 por un poco más de un décimo de acre de un lote de 1.4 acres que tenía en Brownsville cerca del Río Grande. González pidió $60,000. “Los Estados Unidos no tienen conocimiento de ningún terreno en el área de su propiedad que tenga un valor de mercado justo tan alto como el que usted ha solicitado,” le respondió por escrito un abogado federal. Sin embargo, aumentó la oferta a $1,000. González la aceptó.

La maestra jubilada Josephine Weaver, de 80 años, vio su oferta por un poco más de un décimo de acre de su lote de 3.5 acres cerca de Los Indios aumentar de $1,150 a $3,000 después de protestar. “Estaban haciendo lo correcto,” dijo.

En el caso de los De León, la familia tenía raíces profundas, histórica y políticamente hablando. La presencia de los De León en el Valle del Río Grande se remontaba a los días del imperio español. Un De León tiene un árbol genealógico enmarcado en oro en la pared de su casa con fechas que se remontan a la última década del siglo XVIII, cuando los antepasados de la familia recibieron una concesión de terreno en el área de Brownsville.

A sus 82 años, Ernesto De León era el patriarca de la familia. Una vez había servido como concejal en Brownsville. Ayudó a recaudar dinero para el exgobernador de Texas Rick Perry, un republicano que ahora es el secretario de energía de Trump.

Cuando vinieron los agentes de bienes raíces, querían cinco parcelas de terreno que eran propiedad de la familia. De León comenzó a hacer llamadas telefónicas.

“Me puse manos a la obra y hablé con mi congresista. Hablé con mi representante estatal y con el juez del condado, y con cualquier persona que pudiera ayudar,” dijo De León. “Por la gracia de Dios logramos hacerles entender.”

De León terminó hablando con el fiscal auxiliar de los EE.UU. asignado a los casos de la familia. Para uno de los lotes de tierras de cultivo, convenció al gobierno de que aumentara su oferta de $13,700 a $17,000, un modesto incremento del 24 por ciento.

Pero en otra franja de tierras agrícolas más cercana a Brownsville, más que cuadruplicó la oferta de Seguridad Nacional de $11,300 a $48,120 por el daño de perder un poco más de un acre y medio de un tramo de 50 acres. También logró un acuerdo para garantizar que Seguridad Nacional instalara una verja de seguridad electrónica que le diera acceso continuo al terreno.

“No hagas olas, digo yo. En otras palabras, de lo que te ofrezcan, trata de ver si puedes negociar un mejor precio,” dijo De León. “No seas avaro, obtén un precio razonable por tu propiedad y sigue adelante. 

Para la mayoría de gente que tenía el dinero, contratar a un abogado resultó ser una buena inversión. No todos los que tenían abogado recibieron más dinero, pero los que lo hicieron cosecharon los frutos de ganancias significativas.

Para aproximadamente 30 propietarios con representación legal, la diferencia entre la oferta inicial media del gobierno y su oferta final fue de 207 por ciento, de una oferta media de $13,100 a un acuerdo por $40,305. (En otros 20 casos, el acuerdo final incluyó más tierras, dificultando la comparación entre principio y final.)

La razón de las grandes diferencias se hicieron aparentes durante las batallas entre los propietarios y los abogados del gobierno: los evaluadores del Cuerpo del Ejército constantemente habían infravalorado el terreno.

Como parte de las preparaciones de defensa del gobierno, el Departamento de Justicia había contratado valuadores independientes para evaluar las tierras deseadas. En las pocas demandas en las que las valoraciones fueron públicas, los expertos externos del gobierno invariablemente les dieron precios más altos a los terrenos que los evaluadores del Cuerpo del Ejército.

Por ejemplo, está el caso de Rollins Koppel. En el 2002, Koppel y sus inversionistas compraron 420 acres de terrenos baldíos en un sitio ideal entre Brownsville y Matamoros, su ciudad hermana al otro lado del río en México. Planificaron un vecindario de casas módicas que se conocería como Amigolandia. Estaría rodeado por un parque con vista al Río Grande. Koppel presionó exitosamente a la Comisión Municipal de Brownsville para que estableciera un distrito fiscal especial para la construcción.

Para el 2007, Koppel había logrado instalar cloacas y tuberías de agua, y había elaborado el plano catastral de la urbanización. Pero seguía siendo simplemente un terreno vacío.

Entonces el gobierno federal se apareció con una Declaración de Toma. La cerca fronteriza cortaba en dos la urbanización y destruía cualquier posibilidad de un parque frente al río. Seguridad Nacional le dio una oferta: $233,000 a cambio de poco más de seis acres de terreno.

Quizás ningún propietario a lo largo del Río Grande tenía más conocimientos acerca del valor de su terreno que Koppel. Con raíces profundas en Brownsville, Koppel había practicado el derecho en el área por más de 45 años. Se había asociado con uno de los más grandes constructores de Texas para el proyecto de Amigolandia.

Así que cuando el Departamento de Justicia presentó su Declaración de Toma, Koppel contrató a uno de los principales despachos de abogados en Texas conocido por sus feroces litigantes, Vinson & Elkins, para contraatacar.

Durante los siguientes tres años, ambos lados se enfrentaron ante el tribunal, a pesar de que Seguridad Nacional construyó la cerca. Los abogados de Koppel atacaron la integridad del valuador del gobierno.

Los abogados del Departamento de Justicia alegaron que el valuador de Koppel no había seguido apropiadamente los estándares del gobierno. Y Koppel, dijeron, estaba sobrevalorando el mercado de su construcción en una de las partes más económicamente deprimidas de Brownsville.

Sin embargo, ambas partes coincidían en un punto. La evaluación inicial del gobierno había infravalorado enormemente el daño que la cerca le haría a la construcción de Koppel. Los abogados de Koppel establecieron el precio total en más de $14.6 millones. Los abogados del gobierno dijeron que eran $1.4 millones. 

Cuando ambos lados finalmente llegaron a un acuerdo, Seguridad Nacional le pagó a Koppel $4.9 millones. Ese fue el pago más alto de todas las propiedades en el Valle del Río Grande, y representó un aumento de 2,043 por ciento de la estimación inicial del valor justo del mercado del gobierno.

Al final, incluso eso puede no haber sido suficiente. Koppel nunca pudo construir la urbanización. Murió este año a los 88 años. Su abogado no devolvió llamadas telefónicas que pedían sus comentarios.

Igual, pero diferente

Los tribunales de los EE.UU. han sostenido que las valuaciones son más arte que ciencia. Las ventas reales en el mercado son el componente más importante en la mayoría de valuaciones, pero los bienes raíces en el Valle del Río Grande no se vendían con frecuencia. Además nunca nadie había vendido propiedades con una cerca fronteriza. Los expertos del gobierno tuvieron que adivinar los valores, y con frecuencia se equivocaban.

Una mirada detenida al caso de la familia Loop expone la inequidad del trabajo del gobierno en el Valle del Río Grande.

Los Loop habían estado cultivando en la última frontera de los Estados Unidos desde principios del siglo XX. El terreno de la familia se extiende a lo largo del Río Grande en la punta sur de Texas, apenas unas cuantas millas antes de caer en el Golfo de México. Los hermanos, tíos y primos Loop cultivaban naranjas de ombligo y mandarinas, coles y maíz, chícharos y algodón… Básicamente cualquier cosa que quisieran plantar en la tierra. El fértil suelo ribereño tiene la suerte de tener luz solar y calidez todo el año.

La familia vivía los problemas de la frontera. Los narcotraficantes se paseaban por su granja. Gente de México, de América Central y de tan lejos como Rumania cruzaban la frontera hacia sus tierras. De vez en cuando, pasaban cadáveres flotando en el río. 

Cuando el gobierno vino a tratar de construir la cerca fronteriza en el 2007, Ray, Frank y sus primos, Tim y Paul, estaban trabajando en más de 5,200 acres en propiedades contiguas. Aunque les parecía que la barrera no tenía mucho sentido, les gustaba la idea de un mejor control de la frontera.

“Buenas cercas hacen buenos vecinos; ¿no fue eso lo que dijo Robert Frost?,” comentó Ray Loop.

La cerca fronteriza a través de las tierras de los Loop iba a dejar a la mayor parte de ellas atrapadas entre el río y la cerca. También iba a dejar a la casas de Tim y Ray en la tierra de nadie restante. Lo que más les preocupaba a los Loop eran sus granjas: ¿cómo iban a acceder a ellas?

Ambos pares de hermanos hablaron con los agentes de bienes raíces que había enviado el Cuerpo del Ejército. Para una persona que no estuviera familiarizada con los detalles sutiles de la ley de derecho de expropiación, las ofertas parecían increíblemente generosas.

En el caso de Ray y Frank, el gobierno anunció la intención de tomar 5.5 acres. La compensación sería de $210,000.

Pero había asuntos aparte de la cantidad de dinero que le preocupaban a Ray Loop. Estaba teniendo dificultad en conseguir respuestas a sus preguntas. ¿Iba Seguridad Nacional a construir una verja? ¿Iba a ser la carretera lo suficientemente ancha y duradera como para dejar pasar su cosechadora John Deere de 42,000 libras y 26 pies de ancho? ¿Y qué pasaría con su familia? Tenía tres hijas. Si ellas tenían el código de la verja, ¿no se volverían blanco de los narcotraficantes que buscaban acceso?

“Los problemas de seguridad eran terribles,” dijo. “Estaba preocupado todo el tiempo.”

Ray Loop lo conversó con su familia y decidió luchar. Contrató uno de los despachos de abogados de derechos de expropiación más conocidos de Texas, un grupo especializado llamado Barron Adler. Steve Adler, el cofundador con conexión política, se convertiría en el alcalde de Austin. (Adler también proveyó el financiamiento inicial para el lanzamiento de The Texas Tribune.)

Kim Loessin, el abogado de Barron Adler que manejó el caso de los Loop, pensaba que la oferta del gobierno había ignorado hechos clave. Loop obtenía dinero de su granja, de una operación de extracción de arena y de un campamento de caza. ¿Cómo iba a verse afectado el valor de las tierras entre la cerca y el Río Grande?

Loessin contrató a un valuador profesional para juzgar el valor de la propiedad. Usando la fórmula del gobierno, el valuador de los Loop estableció el total en daños en toda la granja de 630 acres en $1.4 millones. El cálculo de los daños incluía otros cuatro acres de terreno para la construcción de la cerca, dificultades de acceso a las tierras de cultivo y el efecto de la cerca sobre el valor de reventa de la casa de Ray Loop.

El gobierno contrató a su propio valuador. A diferencia del Cuerpo del Ejército, se le requería realizar una evaluación completa usando los estándares del Libro Amarillo. Su estimación del daño ocasionado a la granja de los Loop fue justo por debajo de $1 millón.

Las dos estimaciones profesionales eran diferentes, lo cual no es inusual en una batalla legal. Pero ambas estaban muy por encima de la estimación inicial del Cuerpo del Ejército de $210,000.

“Fue uno de los únicos proyectos que he visto en esta área de la práctica en que el gobierno simplemente se aprovechó de tantas cosas,” dijo Loessin, quien terminó representando a decenas de propietarios en el Valle del Río Grande. “Por lo general no soy antigobierno, pero eso simplemente me enfureció, particularmente en relación a los derechos de propiedad.”

Tim y Paul Loop tomaron otra ruta. No respondieron a solicitudes de entrevistas, pero Tim envió una declaración jurada de los expedientes judiciales que cuenta su historia.

Tim y Paul Loop decidieron aceptar la oferta inicial del Cuerpo del Ejército, un pago de $160,000 por los daños a su operación agrícola causados por la cerca. Pasaría por siete acres de franjas dispersas de terreno. El precio parecía justo.

“Nuestro deseo fue no obstruir el trabajo del gobierno,” Tim Loop declaró en su deposición. “Queríamos cumplir con nuestro deber patriótico.” Nadie le dijo a la familia que se suponía que el dinero representara todas las pérdidas de su operación agrícola.

Solo después de la experiencia de Ray y Frank se dieron cuenta de que el gobierno les había dado de menos. Después de todo, tenían cultivos similares en el mismo terreno; las granjas de los Loop estaban lado a lado. ¿Por qué se estaba compensando a los dos pares de primos de forma tan diferente? Tim y Paul trataron de reabrir las negociaciones. Pero para entonces era demasiado tarde; el gobierno ya era propietario del terreno.

“Confiamos en que nuestro gobierno nos trataría de forma justa,” escribió Tim Loop. “Confiamos en que los representantes del gobierno serían honestos y francos con nosotros.”

Al final, el gobierno tomó más tierras para construir la cerca. Para ese entonces, Tim y Paul habían contratado a Loessin. La compensación final de los hermanos fue de $400,000, con una pérdida de 20 acres.

Ray y Frank Loop, por otro lado, llegaron a un acuerdo en su caso. Recibieron $1.4 millones por la pérdida de 11 acres.

Durante los años después de la construcción, Ray Loop aprendió a vivir con la cerca. A veces se dañaban las verjas, pero el gobierno enviaba un contratista para arreglarlas. El control fronterizo añadido no era para nada perfecto. Seguridad Nacional nunca cerró el acceso a una antigua carretera de campo, lo cual dejó una brecha abierta de 40 pies de ancho en la cerca por donde cualquiera podía pasar.

Pero este año una de las pesadillas de Ray se hizo realidad.

Al levantarse temprano una mañana de enero, olió humo. Pocos minutos después, un oficial de la patrulla fronteriza le envió un texto: “Señor, creo que hay un incendio en su granero,” decía.

El granero era en realidad la casa de los Loop; vivían en el segundo piso, encima de un espacio que albergaba a algunos de sus animales. Corrió a despertar a sus hijas y a su esposa. La familia escapó ilesa, pero no así los animales. Cuatro de los perros de la familia y un chivo se quemaron vivos, sus aullidos aún persiguiendo en recuerdos a la familia.

Ray piensa que la verja obstaculizó a los camiones de bomberos que se apresuraban hacia su casa. Los bomberos disputan esa versión. Pero Ray está seguro de que los camiones hubieran podido responder más rápido si no hubieran tenido que lidiar con la cerca que pretendía bloquear a los que tratan de cruzar la frontera y no a los vehículos de emergencia.

Ray y su familia han reconstruido su hogar. Otra vez viven en la tierra de nadie, esa franja de tierra entre la cerca y México.

“¿Qué más podemos hacer?,” se preguntó. 

La comedia de error

Era el 3 de febrero de 2009, y el fiscal auxiliar de los EE.UU. Eric Paxton Warner tenía una confesión.

Por más de un año, los abogados del Departamento de Justicia habían estado expropiando. Y por más de un año, les habían estado pagando a los propietarios por sus pérdidas. Habían batido la fecha límite del 31 de diciembre de 2008 que había establecido el Congreso. Los contratistas estaban excavando anchas zanjas y vertiendo concreto para la cerca.

Pero apenas ahora, en el medio de la litigación de un caso en contra de los hermanos Borzynski, dos granjeros conocidos como los Reyes de las Coles de los Estados Unidos, el gobierno se dio cuenta de que había cometido errores en casi todos los casos, según le dijo Warner al tribunal.

“Hice un desastre en el caso de los Borzynski,” dijo Warner ante el tribunal.

El gobierno no había terminado el trabajo en los títulos de muchas de las propiedades hasta Navidad. En el apuro, los abogados no se habían dado cuenta de que no habían compensado a los propietarios por derechos sobre aguas en sus tierras.

Era un error casi insólito para cualquiera que supiera algo acerca del oeste estadounidense.

En Texas, así como en muchos estados al oeste del Mississippi, los derechos de agua pueden valer más que la misma tierra. Los derechos les dan control a los propietarios sobre cierta porción de agua del Río Grande. Esa asignación puede venderse a los granjeros que necesitan agua para sus cultivos. Sin derechos sobre aguas, no hay agricultura.

Ahora, le dijo Warner al juez, el gobierno iba a volver a presentar todos los casos de tomas para garantizar que los propietarios retuvieran esos derechos.

La fecha límite del Congreso “requería de cierta manera, supongo, que esencialmente fuéramos de atrás para delante en relación con la manera en que una expropiación normal se hubiera hecho,” explicó Warner.

Los abogados del Departamento de Justicia descubrieron otro error gigantesco. Gran parte de la cerca se había construido sobre un dique de tierra paralelo al Río Grande. Apenas después de la construcción el gobierno se dio cuenta de que los propietarios de las tierras en realidad tenían el título del terreno debajo del dique. El gobierno no había pagado por nada de eso.

Daniel Hu, el fiscal de los EE.UU. que supervisaba las demandas por expropiación, se disculpó.

“En realidad construimos la cerca sobre tierras que todavía no habíamos terminado de expropiar,” le dijo Hu a Hanen en una audiencia.

Otro problema más

El Valle del Río Grande era famoso en Texas por reclamos confusos de tierras: el río cambiaba constantemente, cambiando los límites de las propiedades; se habían perdido expedientes; las familias con frecuencia tenían varios miembros que reclamaban la propiedad... Pero nadie en Seguridad Nacional ni en el Departamento de Justicia parecía haberse preparado para toda esta complejidad. Pasarían años antes de que el gobierno siquiera supiera a quién estaba demandando.

En un caso en el pequeño pueblo de Eagle Pass, los abogados del Departamento de Justicia encontraron 24 herederos de un trecho de medio acre con vista al Río Grande. El caso demoró casi cinco años en resolverse, con un argumento propio de una novela de Gabriel García Márquez. La demanda involucró a la Iglesia Católica, un reclamo rival del terreno de otra familia y una escritura de 1894 que se refería al límite de la propiedad como el que “empieza en un mezquite de tres pulgadas de diámetro en la ribera oriental del Río Grande.”

Cuando se veían presionados por problemas o retrasos, los fiscales de los EE.UU. continuamente culpaban a la fecha límite establecida por el Congreso por sus errores.

“El gobierno tenía que apurarse,” explicó Warner al defenderse de una moción de sanciones.

El Departamento de Justicia, “trabajando dentro de los parámetros establecidos por la realidades del mundo en el que vivimos, en lugar de aquel en el que quisiéramos vivir, tomó las propiedades en cuestión con la información disponible en ese momento.”

A veces los errores parecían absurdos. En un caso, Seguridad Nacional ofreció pagarle a la ciudad de Brownsville $123,100 por casi 16 acres que colindaban con el Río Grande. Resultó que aunque el terreno era propiedad de la ciudad, otras 257 personas también tenían derechos sobre la propiedad.

Encima, Seguridad Nacional había confiado en un estudio erróneo del terreno para expropiar el trecho. El nuevo límite de la propiedad pasaba por el medio de una estación de bombeo de irrigación que era propiedad de Brownsville.

“Sin darnos cuenta, tomamos la mitad de una estación de bombeo que le pertenece a la ciudad,” le dijo Hu a Hanen. “El gobierno federal no la quiere. Queremos devolvérsela a la ciudad.”

“¿Por qué solo tomaron la mitad? ¿No la querían toda?” bromeó Hanen.

“En realidad ni siquiera queríamos la mitad,” dijo Hu.

Más de nueve años después, el caso sigue abierto. Los abogados del Departamento de Justicia siguen tratando de encontrar y pagarles a los demás propietarios. Apenas este septiembre la agencia emitió un pago de $5,750 para dos propietarios.

La circunstancia no es inusual. Pamela Rivas es una de más de 40 propietarios que han esperado casi una década para que se resuelvan sus casos. Muchos incluyen complejos reclamos de propiedad. El gobierno ha tenido que descubrir quién era el propietario de un pequeño trecho de terreno en el caso de Rivas.

Sin embargo, se había llegado a un acuerdo en esa disputa hacía años. Los Estados Unidos ahora son propietarios de aproximadamente un acre de su terreno cerca de un cruce fronterizo. Pero todavía no se han puesto de acuerdo con Rivas con respecto a un pago final.

“Yo soy un cero a la izquierda y ellos van a hacer lo que quieran,” dijo Rivas. “A mí no me parece bien.”

Roberto Pedraza, mientras tanto, se sacó la lotería, solo que no como él se había imaginado.

Pedraza era uno de varios propietarios a quienes el gobierno les pagó por terrenos que no eran de ellos.

Pedraza pasó la mayor parte de su vida trabajando como granjero y capataz para el ranchero Rex McGarr, a quien Pedraza todavía llama afectuosamente “mi jefe.” Cuando McGarr falleció, les dejó en su testamento 114 acres de terrenos de cultivo en el condado de Hidalgo a Pedraza y a su esposa Olivia.

Pero la muerte de McGarr llevó a décadas de disputas legales entre otros beneficiarios y abogados de la sucesión. En el 2008, el año en que un agente de bienes raíces del Cuerpo del Ejército se dirigió por primera vez a Pedraza, él todavía no tenía claro cuál era legalmente su propiedad. Pero aparentemente el gobierno federal lo había descifrado por él.

“Yo le dije a esa persona del gobierno que había un problema legal con esta propiedad,” dijo Pedraza. “Y [el funcionario del gobierno] dijo: ‘Bueno, según los expedientes… es de usted.’”

En septiembre del 2008 le pagaron a Pedraza $20,500. Él y su esposa usaron el dinero para liquidar antiguas cuentas.

Pasaron más de seis años. Entonces, un día del 2014, un representante del gobierno se comunicó con ellos. Después de terminar la investigación del título, el Departamento de Justicia se dio cuenta de que el terreno no le había pertenecido.

El gobierno le ofreció un trato. Pedraza podía quedarse con el dinero, siempre y cuando firmara un documento donde renunciara a la propiedad del terreno.

“El gobierno vino y dijo: ‘Mira, si tú nos das el paso … entonces no tienes que pagar’,” dijo. “Yo dije: ‘Está bien’, porque sabía que esto era un gran desastre.”

El verdadero propietario del terreno era el vecino de al lado de Pedraza: Alberto Garza, el agricultor de caña de azúcar de 91 años.

Seguridad Nacional ya le había pagado a Garza $45,000 por un total de 3.4 acres de la granja de su caña de azúcar, que se extiende a ambos lados de una autopista paralela al Río Grande cerca del caserío de San Benito.

Los oficiales de la patrulla fronteriza prometieron construir una verja en la cerca fronteriza para darle a Garza acceso continuo al terreno que había cultivado por cinco décadas. Pero cuando se aparecieron los contratistas de Seguridad Nacional, ignoraron la promesa, según su hija Norma Longoria.

“Cuando vimos que estaban poniendo las varas tratamos de detenerlos,” recordó Longoria, una trabajadora estatal jubilada de 62 años. “Nos dijeron que no.”

Cuando el gobierno regresó años después a pagarle a la familia por el terreno que pensaban le había pertenecido a Pedraza, parecía una recompensa por no haber instalado la verja. Garza recibió $10,500 más de ese trato.

Pero Longoria dijo que su padre nunca se recuperó por completo del impacto de que le hubieran cortado el paso a su propia granja. Antes iba por una carretera de tierra detrás de su casa para llegar a sus campos de caña de azúcar o visitar a su adorado ganado. Ahora tiene que manejar una milla hasta la autopista hasta llegar a una verja y luego regresar otra vez. Todavía visita su terreno, pero no con la frecuencia de antes.

“Ahora es muy poco conveniente,” dijo Longoria. “No nos pareció justo.”

El portavoz del Departamento de Justicia explicó que el gobierno no tiene la obligación de dar descripciones exactas de las propiedades ni de haber investigado antes de expropiar tierras por medio de una Declaración de Toma.

El portavoz dijo que muchas de las demandas por expropiación en el Valle se presentaron para eliminar problemas con los títulos de las propiedades. En una toma denominada “amistosa,” el vendedor no objeta, pero el gobierno presenta una demanda de expropiación para garantizar que la propiedad legal esté clara y que no haya ninguna deuda vinculada con la propiedad cuando el gobierno federal se apodera de ella.

El portavoz prefirió no comentar acerca de casos abiertos.

El pasado como el presente

Aproximadamente 20 millas al sur de Laredo, Texas, queda un pueblo olvidado.

Cuatro estructuras derruidas se agrupan alrededor de una carretera de tierra blanda. No hay techos. El estuco se ha descascarado de las paredes, revelando bloques tallados a mano de arenisca parda. Los mezquites y el abundante pasto crecen por todos lados. Las mariposas revolotean de un lado a otro.

Las ruinas son lo que queda de lo que una vez fue un pueblo llamado Dolores. Fue un antiguo asentamiento al norte del Río Grande, construido en el verano de 1750 bajo el comando de José de Escandón, el conquistador español que colonizó la región.

Para Mauricio Vidaurri, es su hogar.

Vidaurri es el descendiente de uno de los pioneros que fundaron el pueblo. La familia de Vidaurri fue dueña en el pasado de miles de acres alrededor de este lugar junto a un solitario trecho de la autopista entre Laredo y Zapata. Ahora cultivan unos 1,300 acres de sandía, pepino y heno de pastoreo. Una compañía eléctrica alquila el terreno para extraer gas natural. Una bomba de irrigación extrae agua del Río Grande.

A Vidaurri le gusta venir aquí y simplemente sentarse; hay un misterio, un poder que lo llena en ese lugar.

“Hemos estado aquí desde antes que existieran los Estados Unidos,” dijo. “Un propietario. 

Estos días lo acecha otro sentimiento: la preocupación. Desde que empezó la campaña presidencial, Vidaurri ha prestado mucha atención a las promesas de Trump de construir un muro entre los EE.UU. y México. Tendría 40 pies de altura y sería de concreto. Se extendería desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico.

Si Trump construyera el muro, pasaría directamente a través del rancho de Vidaurri, que queda al norte del Valle del Río Grande. Cuando construyó la cerca fronteriza, Seguridad Nacional se saltó gran parte del área alrededor de Laredo, al decidir que no era una prioridad suficientemente alta.

Trump no ha anunciado ningún plan de construir la pared aquí, pero los funcionarios de Seguridad Nacional han indicado que la agencia va a expropiar terrenos y erigir una cerca aproximadamente 50 millas al sur, alrededor de la Ciudad de Río Grande. 

Mark Borkowski, el principal funcionario contratante de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo en una conferencia en San Antonio en abril que la agencia regresaría para terminar lo que había empezado hace una década. “Vamos a expropiar más tierras,” dijo Borkowski. “Lo vamos a hacer.”

Vidaurri es un firme partidario de mejor protección fronteriza. Los que cruzan la frontera violan sus terrenos constantemente. Los narcotraficantes se han metido en una de las casas del rancho.

Pero Vidaurri piensa que la solución está en un mejor despliegue tecnológico, como las cámaras escondidas que la patrulla fronteriza ha instalado en todo su rancho, o los dirigibles estáticos que planean silenciosamente arriba en el cielo, oteando la frontera.

Con Trump aún prometiendo el muro, a Vidaurri le parece que es solo cuestión de tiempo para que Seguridad Nacional llegue con buldóceres y martinetes. Cuando llegue el momento, sabe que no se podrá detener al gobierno. Y no piensa que ninguna cantidad de compensación le podría dejar satisfecho.

“No podemos decir que nuestra tierra valga mucho. Nuestro terreno lo compramos con nuestra sangre, sudor y lágrimas,” dijo Vidaurri.

Las inquietudes de Vidaurri son especialmente personales.

Desde las ruinas de Dolores, Vidaurri puede caminar unos pocos cientos de yardas hasta un pequeño cementerio cercado en una orilla del Río Grande. Unas sencillas cruces blancas marcan algunas tumbas. Otras están rodeadas por complejas cercas de hierro forjado. Muchos de los rótulos son de principios del siglo XIX. En una esquina ondean dos banderas: la de los Estados Unidos y la del Cuerpo de Marines de los EE.UU.

Vidaurri se detiene junto a la tumba de su padre, Roberto J. Vidaurri. Él sirvió en el Cuerpo de Marines durante la Segunda Guerra Mundial y fue herido dos veces en Iwo Jima. El muro pasaría justo por aquí, piensa Vidaurri, separándolo de su tierra y de su padre.

Sería como construir un muro a través de su corazón.

“Vas a construir un muro en nuestro terreno y destruir tierras sagradas para nosotros, y hacer pedazos nuestra historia,” dijo. “¿Para qué?

El reportaje de The Texas Tribune en este proyecto fue respaldado por el Centro Pulitzer, que también es el principal aliado para llevar las discusiones de este reportaje a escuelas y universidades de Texas y de todos los Estados Unidos a través de sus redes del Consorcio de Campus y Kínder a 12.° Grado.

Traducido por Melissa González, traductora de Austin certificada por la Asociación Americana de Traductores.